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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
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Asesinado manifestante durante las protestas por el proyecto Tía María

https://redaccion.lamula.pe/2015/04/23/ ... a/ecabral/

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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
NotaPublicado: Mié Jul 29, 2015 12:58 pm 
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México: Van con todo contra los pueblos indígenas - Por La Tlacuila

La Jornada, 24 de julio, 2015.- Que dispararon al aire, que fue una bala perdida… así pretenden justificar el asesinato de un niño nahua de 12 años, perpetrado por militares en Ostula, Michoacán. Como si hubiera justificación. Lo mataron y punto, y eso es imperdonable; e hirieron a otros, entre ellos a una niña de seis años. Todo porque la gente protestaba (desarmada) por la detención del comandante de su policía comunitaria, policía que se vieron en la necesidad de instaurar porque el gobierno no les proporcionaba seguridad, porque la delincuencia organizada, los narcos, los estaban matando. ¿O acaso creen que las policías comunitarias se han formado por el gusto de la gente de arriesgar su vida? Claro que no.

Al comandante Cemeí Verdía Zepeda lo detuvieron porque supuestamente “portaba armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, pero según los pobladores de Ostula las armas que portaba, además de estar registradas, se las proporcionó el mismo ejército. No me consta, pero no lo dudo, pues sé que, por ejemplo, a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria de Guerrero el propio gobierno la dotó de armamento y fue el ejército el que los entrenó para usarlo.

La realidad es que cualquier pretexto es bueno. De lo que se trata es de amedrentar y reprimir a los pueblos indígenas, pues son el principal obstáculo para el saqueo del país. Resulta que viven sobre yacimientos de minerales ya concesionados, o en lugares que tienen gran potencial turístico (o ambos, como Ostula), y pretenden defender su territorio. Eso es seguramente lo que consideran justificación suficiente como para matar niños.Hay otras comunidades indígenas, como Xochicuautla, Estado de México, cuyo territorio tiene que ser atravesado por obras tan “importantes” para el futuro de este país, como la autopista Toluca – Naucalpan, que servirá para que lleguen más rápido al aeropuerto de Toluca los habitantes de Interlomas y Santa Fe. Los indígenas se oponen a la obra porque acabará con sus bosques y atravesará la ruta sagrada de sus peregrinaciones. En este caso, por más que los han reprimido durante varios años que llevan intentando detener la obra, no han claudicado, por lo que se optó por la expropiación, otra forma de despojar a los pueblos que contraviene convenios internacionales y artículos constitucionales, pero eso no les importa.

Descaradamente, en el decreto de expropiación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio, se afirma que se cumplió con los artículos 1º y 2º de la Constitución y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al llevar a cabo “diversas asambleas” con representantes de la comunidad, en las que se aprobó la obra. Con eso pretenden justificar la expropiación, cuando es sabido que lo que se debe hacer es una consulta previa, libre e informada en la que participe toda la comunidad, no diversas asambleas con representantes; y que el proceso de dicha consulta no lleva cinco días (en los que según el mismo decreto hicieron las asambleas) sino varios meses, pues de acuerdo al protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primero se debe informar a la comunidad sobre el proyecto, luego se da tiempo para que la comunidad delibere y hasta después se toma la decisión de aprobar o no una obra.

En síntesis, como la comunidad no cedió ante la represión, simplemente expropiaron, violando precisamente el convenio y los artículos constitucionales que mencionan. Es obvio que una comunidad que lleva años luchando para frenar la autopista no va a aprobarla en asamblea, y es obvio que si la hubiera aprobado, no se requeriría de un decreto de expropiación. ¿A quién pretenden engañar?

Es evidente que quienes tienen el poder van con todo contra los pueblos indígenas, pero también es evidente que éstos van a resistir, como lo han hecho durante siglos

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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
NotaPublicado: Vie Sep 16, 2016 9:04 am 
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Una mirada crítica al terrorismo de Estado e intervencionismo de E.U. en Filipinas


El 1 de septiembre Emerito Samarca fue degollado y asesinado a puñaladas por un grupo paramilitar conocido como Milicia Magahat-Bagani / Marcos Bocales. Samarca era el director de ALCADEV, un centro de aprendizaje alternativo para el desarrollo de la agricultura y sustento de las comunidades indígenas, establecido por las comunidades indígenas Lumads.

Esta escuela imparte clases de educación secundaria a jóvenes de varias etnias indígenas (Manobo, Higaonon, Banwaon, Talaandig y Mamanwa) que habitan las montañas de Surigao. El cadáver de Samarca fue hallado en una de las aulas del complejo escolar ALCADEV, en la localidad de Han-ayan, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, en la isla de Mindanao, Filipinas.

Dos días antes del asesinato de Emerito Samarca, unos 40 miembros del 36 Batallón de Infantería y el 75 Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas, el Primer Regimiento de Fuerzas Especiales y los grupos paramilitares Magahat-Magani / Marcos Bocales habían ocupado y patrullado toda la zona, incluyendo el complejo escolar ALCADEV, la localidad Han-ayan y otra escuela dirigida por el Programa Tribal Filipino de Surigao del Sur.

Posteriormente, la milicia Magahat-Magani / Marcos Bocales, apoyada por fuerzas del Estado según el testimonio de testigos e informes de Karapatan (organización de defensa de los derechos humanos), amenazó al personal, a los alumnos de la escuela y a los miembros de la comunidad con matarlos si no abandonaban la zona en dos días.

El 31 de agosto, la mayor parte del personal de ALCADEV, así como los residentes de Han-ayan, abandonaron el pueblo aterrorizados, estableciéndose en una aldea en el kilómetro 16. Esa misma noche, miembros de la milicia Magahat-Magani llevaron a cabo una redada en la aldea, confiscando los móviles y cámaras de los residentes y forzándoles a retirarse al centro local de la comunidad.

Después de la redada, aproximadamente a las 4 de la mañana del 1 de septiembre, la hora en la que se estima que Samarca fue asesinado, muchos de aquellos que habían huido de Han-ayan presenciaron el asesinato de Dionel Campos, presidente de Malahutayong Pakigbisog Alang Sa Sumusunod (MAPASU), una organización que hace campaña contra la explotación minera a gran escala en Surigao del Sur y que representa a las comunidades indígenas. Su primo, Bello Sinzo, fue también asesinado: miembros de la milicia Magahat-Magani lo ejecutaron frente a cientos de residentes en la aldea del kilómetro 16. El 6 de noviembre continuaban las operaciones militares y las misiones de las Fuerzas Especiales, que van acompañadas por fuerzas armadas paramilitares, en estas áreas de montaña y en las comunidades que se han visto forzadas a evacuar.

Los responsables de las masacres, Loloy Tejero, Garito Layno, Bobby Tejero, Marcial Belandres, Marcos Bocales, Calpet Egua, Hasmin Acevedo y sus unidades/tropas se pasean con libertad e impunidad por las comunidades afectadas. Algunos de ellos se suman a operaciones militares en las montañas o permanecen en campamentos militares. Siguen llegando noticias de incendios provocados de casas, cooperativas, escuelas, propiedades y cultivos en las áreas que han sido evacuadas a la fuerza.

Nueve de cada diez niños de las comunidades indígenas Lumad no tienen acceso a la educación. Aun así, el gobierno de Filipinas ha ordenado el cierre de tres complejos escolares Lumad en esta área, afectando así a más de 1.000 estudiantes.

Estos asesinatos y sus circunstancias son paradigmáticos de la violencia de Estado que sufren las comunidades indígenas en Filipinas casi cotidianamente, especialmente en la isla de Mindanao. Otra masacre reciente tuvo lugar el 18 de agosto, cuando tropas del ejército pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales asesinaron a cinco miembros de la Asociación de Agricultores de la etnia manobo, una asociación de campesinos Lumad en el área.

Hay pruebas de las masacres recientes en Lianga y en otras partes de Surigao: han salido a la luz numerosos informes, fotografías y testimonios (recogidos por Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, Save our Schools Network o Human Rights Watch, y difundidos en plataformas digitales como Bulatlat, Kilab Multimedia, Tudla Productions, Altermydia y Rappler, entre otros).

También se ha probado que los criminales que perpetraron estas masacres lo hicieron al amparo de, y protegidos e instigados por poderosos agentes del Estado filipino: durante la audiencia del Senado que tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre, en la que se reunieron el Comité de Justicia y Derechos Humanos y el Comité de Comunidades Culturales, dirigidos por el senador Teosfito Guingona II y por el Senador Aquilino Pimentel III en la ciudad de Tandag, quedó demostrado que las Fuerzas Armadas de Filipinas organizaron, armaron y acompañaron a las milicias armadas y grupos paramilitares o bandidos criminales. Las víctimas de los hechos, así como también personalidades de la Iglesia y oficiales del gobierno de Surigao del Sur, lo atestiguaron.

En los comunicados de las Fuerzas Armadas de Filipinas se alega que las comunidades, escuelas, organizaciones e individuos que han sido objetivo de las campañas militares descritas apoyan al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA), la llamada insurgencia comunista, justificando de este modo que estas comunidades sean el blanco de sus operaciones.

Este tipo de argumentos son utilizados por las fuerzas militares para justificar sus ataques a civiles, escuelas y comunidades enteras. El comunicado del Senador Guingona es muy claro al respecto: la ideología no constituye una base para justificar asesinatos sumarios, desplazamientos o amenazas a cualquier persona.

Según informes de Karapatan, desde junio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2015 se han cometido 294 asesinatos extrajudiciales y 318 asesinatos frustrados; 27 personas han desaparecido; 172 personas han sido víctimas de tortura; 6 personas han sido víctimas de violaciones sexuales; 555 personas han sido víctimas de asalto físico y lesiones; se han llevado a cabo 911 arrestos y detenciones ilegales, principalmente por cargos fabricados; más de 65.000 personas han sido forzadas a evacuar debido a operaciones militares; se han cometido 15 masacres (49 individuos asesinados en Montalban-Rizal, Labo-Camarines Norte, Libmanan y Caramoan -Camarines Sur, Daraga – Albay, Mobo-Masbate, Uson-Masbate, Kananga-Leyte, Tagaloan-Misamis Oriental, Pangantukan-Bukidnon, Lianga-Suriago del Sur, Paquibato Distric-Davao City y Kiblawan-Davao del Sur) y muchas otras violaciones de los derechos humanos. Solamente entre agosto de 2015 y el 1 de septiembre de 2015 Karapatan ha registrado 16 víctimas de asesinatos políticos.

Actualmente hay 537 prisioneros políticos en Filipinas, cuyo encarcelamiento se ha llevado a cabo mediante el uso de instrumentos fraudulentos, tales como la formulación de falsos cargos; órdenes judiciales deficientes; falsos testimonios; testigos sobornados por las fuerzas militares; la colocación ilícita de pruebas falsas para justificar la formulación de cargos que no admiten libertad bajo fianza y la flagrante distorsión de la ley vigente.

Ni uno solo de los perpetradores de estos asesinatos o violaciones de los derechos humanos ha sido condenado. Al contrario: los militares responsables de estas operaciones suelen ser promocionados, especialmente en Mindanao, cuyas vastas tierras prometen gran riqueza de recursos minerales y plantaciones fértiles.

La tendencia indica que la realidad sobre el terreno continúa deteriorándose significativamente en lugar de mejorar, mientras el Gobierno acelera su carrera desenfrenada por implementar su programa de contrainsurgencia, Oplan Bayanihan (Cooperative Effort), que hunde sus raíces en el estratégico Oplan Bantay Laya (Freedom Watch), establecido durante el régimen de Gloria Arroyo (2000-2010). Este programa ha sido identificado como la causa de continuadas violaciones del derecho a la vida, cometidas principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado: policía, militar, paramilitar y todos aquellos bajo la supervisión de éstas.

El gobierno de Estados Unidos colabora directamente con el filipino en su programa de contrainsurgencia aportando financiación, doctrina y dirección táctica. Asimismo, hay unidades de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos (US Special Forces) establecidas discretamente en ciertos enclaves de Mindanao que han participado en operaciones de inteligencia y ataque mediante el uso de drones y otros dispositivos de alta tecnología.

La política de contrainsurgencia tiene un nivel de alcance muy amplio. Además de las actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas de Filipinas y sus distintos grupos paramilitares, que operan con aparente independencia bajo la guisa de "guerreros tribales", "organizaciones civiles voluntarias" y "guardias de seguridad privada", este programa también incluye actividades que, en apariencia, son de carácter de civil.

Los asesinatos selectivos, las desapariciones y los ataques contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos continúan con impunidad, a pesar de que el gobierno de Filipinas garantizó, durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en 2012, que tomaría "firmes medidas para abordar el problema de los asesinatos extrajudiciales y las desapariciones forzadas". Pese a esto, la violencia de estado ha continuado sin cesar durante la administración del Presidente Benigno Simeon 'Noynoy' Aquino III (Desde 2010 al momento actual ).

En este Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas de 2012 se evaluó la actuación e historial del gobierno de Filipinas en materia de derechos humanos. Varias misiones extranjeras reclamaron el desmantelamiento inmediato de grupos paramilitares, tales como CAFGU, SCAA, CVO, así como la derogación del Executive Order 546 (Decreto Ejecutivo 546).

Este decreto legitima el uso de grupos paramilitares civiles como fuerzas multiplicadoras para combatir los supuestos grupos rebeldes, dando vía libre a que los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas de Filipinas cometan crímenes con total impunidad, y asegurando así que los intereses de grandes corporaciones extranjeras, como plantaciones agroindustriales y compañías transnacionales mineras, sean protegidos.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución similar en mayo de 2012, y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y los Asesinatos Extrajudiciales presentaron una declaración parecida en julio de 2012. El Gobierno de Filipinas rechazó esta recomendación y mantuvo la vigencia del Decreto Ejecutivo 546. De hecho, en el presupuesto nacional de 2015 se destinaron dos billones de pesos filipinos a la financiación de grupos paramilitares.

A esta cantidad habría que añadir las compensaciones, beneficios y gratificaciones económicas que las compañías mineras y las unidades locales de gobierno destinan para la financiación y control de estos grupos, como quedó probado durante las investigaciones in situ conducidas por el Congreso sobre el asesinato de la activista anti-minería Juvy Capion y de sus dos hijos.

A día de hoy no hay signos de que el terrorismo de estado en Filipinas vaya a parar. Al contrario, recientes acuerdos como el TPPA (Acuerdo de Partenariado Trans Pacífico) o el EDCA (Acuerdo de Cooperación Reforzada en Materia de Defensa), ambos promovidos por EE UU, apuntan a que Filipinas avanza en la dirección de convertirse en un enclave estratégico militar para EE UU en el Sudeste Asiático.

En concreto el EDCA, firmado por Aquino y Obama en abril de 2014, elude la proscripción de bases y tropas militares extranjeras establecida en la constitución Filipina para permitir que EE UU incremente la llamada presencia rotativa de sus tropas y construya bases militares bajo la forma de instalaciones temporales autorizadas en áreas de las fuerzas armadas de Filipinas.

El gobierno de Aquino presenta el EDCA como un gran avance en la guerra contra el terrorismo, también instigada por EE UU, y como un instrumento para consolidar el eje estadounidense en el Sudeste Asiático, ya que proyecta desplegar el 60% de sus fuerzas navales y el 50% de sus fuerzas terrestres y aéreas en la región.

Tanto las autoridades filipinas como las estadounidenses promocionan el EDCA como una herramienta para reequilibrar la fuerza militar estadounidense respecto a China, y como el instrumento para contrarrestar la amenaza que supone China para algunos países vecinos y que mantendrá el mar del Sur de China abierto a la navegación internacional y al comercio.

Han pasado casi 30 años desde que el dictador Ferdinand Marcos fue derrocado. Sin embargo, todos los regímenes de la era post-dictatorial, incluyendo el actual, mantienen muchos elementos de la dictadura en Filipinas, desde la presidencia de Corazon Aquino (1986-1992) y la de Fidel V. Ramos (1992-1998) hasta el régimen posterior de Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo y Benigno Aquino III.

Estos elementos son, entre otros, el mantenimiento de una sociedad semi-colonial y semi-feudal, dominada por EE UU a la cabeza de otros poderes imperialistas y por grandes empresarios, terratenientes y burócratas capitalistas locales; un estado autoritario controlado por las clases dominantes cuyo núcleo son unas fuerzas armadas indoctrinadas por EE UU; y la supresión de los derechos de los trabajadores, campesinos, mujeres, la juventud y las comunidades indígenas, a pesar de que procesos democráticos formales son reconocidos.

Al igual que durante las legislaturas que sucedieron a Marcos, el programa de contrainsurgencia de Aquino, así como la intensificación de la militarización, sirve a los intereses de poderes imperialistas, a las grandes corporaciones y a los terratenientes, que despliegan operaciones mineras, madereras y agroindustriales a gran escala con la voluntad de saquear los ricos recursos del país, incluyendo los que conservan las comunidades indígenas en sus tierras ancestrales.

El propósito de esta política no es únicamente erradicar la resistencia armada liderada por el Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines – CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army – NPA): su objetivo es la represión política, así como acabar con las formas de resistencia frente a las actividades del sector corporativo y financiero que están mermando los recursos naturales del país. Esto lo demuestra el ataque sistemático a infraestructuras sociales creadas por las comunidades indígenas Lumads, como más arriba se expone.

"¡Salvad nuestras escuelas!, ¡parad las matanzas de Lumads!" son algunas de las consignas que proclamaba el grupo de 700 indígenas procedentes de Mindanao el pasado 26 de octubre de 2015 durante la calurosa acogida de estudiantes y académicos de la Universidad de Filipinas Diliman en Manila, donde permanecerán un mes para denunciar la violencia de estado y la militarización de sus tierras.

Paloma Polo

Publicado originalmente como "El terrorismo de Estado crece en Filipinas" en Diagonal Periódico

http://www.portaloaca.com/contra-info/1 ... pinas.html

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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
NotaPublicado: Sab Sep 17, 2016 6:08 pm 
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Comunidades indígenas toman base petrolera en protesta por contaminación ambiental
15 septiembre 2016 / Milton López Tarabochia
Comunidades indígenas de la región amazónica de Loreto protestan por contaminación generada por la actividad petrolera y continuos derrames en el Lote 8.

https://es.mongabay.com/2016/09/amazoni ... -petroleo/

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NotaPublicado: Mié Sep 21, 2016 5:38 pm 
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Escándalo: organizadores de Río 2016 acusan a indígenas de practicar “infanticidio, abuso sexual, violación, esclavitud y tortura”
© Adriana Huber/Survival

En un comunicado de prensa oficial, los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 han acusado a los pueblos indígenas de Brasil de practicar infanticidio, abuso sexual, violación, esclavitud, tortura y otras “practicas tradicionales dañinas”, lo que ha causado indignación entre los activistas que luchan por los derechos humanos.

Los organizadores también han respaldado la “Ley Muwaji”, una propuesta de ley que promueven misioneros evangélicos en Brasil como forma de separar a familias indígenas.

Citando el caso de Iganani Suruwaha, una niña indígena con parálisis cerebral cuya madre huyó de su comunidad para una misión evangélica, el comunicado de prensa declara:

“En agosto de 2015 el Parlamento brasileño aprobó la ‘Ley Muwaji’ que pretende combatir prácticas tradicionales dañinas en comunidades indígenas, como infanticidio u homicidio, abuso sexual, violación individual o colectiva, esclavitud, tortura, abandono de personas necesitadas y violencia doméstica”.

La Ley Muwaji permite que las autoridades se lleven a niños indígenas lejos de sus familias y requiere que todos los miembros de una comunidad indígena informen a las autoridades sobre cualquier mujer embarazada en “situación de riesgo”. La ley se aplica a todos, incluidos los futuros padres y otros miembros de la familia. Todos aquellos que no informen sobre el embarazo cometen un crimen por el que pueden ser procesados.

Parece que la madre y el padre tienen pocos derechos en este proceso. La ley propuesta no les permite recurrir a los tribunales la separación inicial de su hijo, o la decisión de darlo en adopción. No les da ningún derecho a ser informados sobre dónde ha sido llevado su bebé ni tampoco a recibir cualquier otra información sobre él, ni tan siquiera a mantener ningún tipo de relación con él.

En una conferencia sobre este tema organizada por UNICEF en 2009, un indígena brasileño declaró: “Este borrador de ley es racista porque no tiene en cuenta, o tan siquiera menciona, que los no indígenas asesinan a sus hijos mucho más. Si los blancos cometen este delito de forma más frecuente que los indígenas, ¿por qué se impulsa una ley solo contra los indígenas? Los blancos nos asesinan y no se les detiene. Nos enfrentamos a una ley racista: nuestros asesinos no son inculpados por una ley específica y en cambio nosotros sí”.

Informes exagerados sobre infanticidio y otras prácticas se utilizan desde hace tiempo para socavar los derechos de los pueblos indígenas, incluso aunque estos actos tengan lugar al menos con tanta frecuencia como en las sociedades industriales.


El director de Survival, Stephen Corry, declaró: “Los organizadores de Río 2016 han hecho que los indígenas parezcan monstruos crueles e inhumanos con el espíritu del desprecio colonial del siglo XIX cuando se les llamaba con desdén ‘brutales salvajes’. En realidad los pueblos indígenas son retratados de esta manera simplemente porque sus costumbres comunitarias son distintas. Por supuesto que algunos individuos indígenas son a veces culpables de actos de una brutalidad espantosa, pero no más de lo que lo son individuos no indígenas. La ley Muwaji es un intento conjunto por parte de misioneros fundamentalistas de calumniar a los indígenas llamándoles asesinos de niños y haciendo que sea más fácil robarles a sus hijos".

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NotaPublicado: Vie Feb 17, 2017 5:11 pm 
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Un balance negativo a diez años de la declaración de la ONU
Graves retrocesos en la protección de los derechos indígenas


Este año se cumple el décimo aniversario de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que dio pie a que distintos activistas analizaran los problemas que aún aquejan a estas comunidades.
La Declaración, aprobada el 13 de setiembre de 2007, fue la primera de su tipo en reconocer y destacar la importancia de los derechos indígenas.

El texto “contiene el carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene por objeto remediar tipos de injusticias históricas y actuales”, dice Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aunque no es jurídicamente vinculante, la declaración garantiza a los grupos indígenas el derecho a la libre determinación, a la tierra y a vivir libres de cualquier tipo de discriminación.

Sin embargo, Tauli Corpuz señala que hay “graves retrocesos” en la aplicación de los derechos indígenas, incluida la amenaza de que industrias mineras y extractivas despojen a las comunidades de sus tierras tribales.

El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció en los últimos días su plan de autorizar los polémicos oleoductos Dakota Access (DAPL, por su sigla en inglés) y Keystone XL, proyectos que fueron previamente suspendidos por el anterior mandatario, Barack Obama, debido a la preocupación por las consecuencias que traerían para el ambiente y por la falta de consultas con grupos indígenas americanos.

La situación en torno al DAPL llegó incluso a las salas de la ONU, lo que llevó a Tauli Corpuz a pedirle al gobierno de Estados Unidos que, de conformidad con su compromiso de aplicar la Declaración, consultara a los grupos indígenas a quienes se les negó el acceso a la información y fueron excluidos del proceso de planificación del proyecto.

“Es de lamentar que ahora, a pesar de que las demandas aún no fueron respondidas, ese tipo de decisión tenga que ser nuevamente consultada con los propios pueblos indígenas porque, a fin de cuentas, son ellos los que serán directamente afectados”, subraya.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y no son funcionarios permanentes de la organización.

Aunque el ejército de Estados Unidos anunció que inició un proceso de Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 3.800 millones de dólares, voces críticas sostienen que el Cuerpo de Ingenieros de esa fuerza no evaluó adecuadamente el potencial de derrames de petróleo del oleoducto ni sus consecuencias para el ambiente.

Según datos del gobierno estadunidense, los derrames de oleoductos son bastante comunes, lo que aumenta el riesgo de contaminación del agua.

Entre 2010 y 2013 se produjeron unos 2 mil incidentes de fugas, que ascienden a un promedio de 1.6 por día.

La extracción, el transporte y la combustión del petróleo también aceleran las emisiones de metano y carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático.

“No nos oponemos a la independencia energética. Nos oponemos a proyectos de desarrollo imprudentes y políticamente motivados, como el DAPL, que ignoran nuestros derechos en los tratados y arriesgan nuestra agua”, responde el presidente de la tribu sioux de la reserva de Standing Rock, David Archambault II, a la orden del presidente Trump de continuar con la construcción del oleoducto en su territorio.

“La creación de un segundo Flint no hará que Estados Unidos sea grande de nuevo”, agregó refiriéndose a la ciudad de Michigan donde el agua potable está contaminada con plomo.

Legalización del atropello
La protesta social criminalizada
Erich Pica, presidente de la organización ecologista Amigos de la Tierra, opina que las decisiones reflejan el desprecio de Trump por los “millones de estadunidenses que lucharon para proteger nuestra tierra, el agua, los sitios culturales sagrados y el clima del peligro de los oleoductos”.

Tauli Corpuz también critica un proyecto de ley del estado de Dakota del Norte que legalizaría atropellar por accidente a los manifestantes que bloquean las carreteras, como sucede con los activistas contrarios al DAPL.

“Esta ley no es en absoluto coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo puede justificarse el atropellar o tratar violentamente a un manifestante cuando cada persona tiene derecho a protestar?”, se pregunta. Los pueblos indígenas simplemente protegen sus derechos sobre la tierra, añadió la relatora especial de la ONU.

Tauli Corpuz hace hincapié en la necesidad de que los países incorporen la Declaración de la ONU a sus planes y leyes nacionales para garantizar los derechos indígenas.

“Mi mensaje es que los pueblos indígenas continúen afirmando y reivindicando sus derechos consagrados en la Declaración de la ONU, pero que también convoquen a los Estados a cumplir realmente con su obligación” de aplicarla, exhortó.

“Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar en serio la celebración por este décimo aniversario de la Declaración de la ONU para fortalecer aún más el diálogo”, concluyó


http://informes.rel-uita.org/index.php/ ... -indigenas

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https://elpais.com/internacional/2018/1 ... 12243.html

Citar:
El estadounidense abatido por aborígenes en Sentinel del Norte a sus asesinos: “¡Los quiero y Jesús los ama!”
El predicador que intentó acercarse a una tribu en una isla a la que India no permite el acceso escribió en su diario sus intenciones, declaró no estar loco y dijo que valía la pena expandir el cristianismo


Sentineleses: bien hecho.

Toda mi admiración para esos nativos.

Y además, el gobierno indio ha dicho claramente que no se entra en la isla (y menos de tapadillo y sin pedir permiso para que te lo nieguen). Con buen criterio.

Dejadles en paz, cojones, más claro no lo pueden decir.

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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
NotaPublicado: Lun Nov 26, 2018 7:36 pm 
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Iba a ser la risa que trataran de detener a los asesinos y juzgarles (con un lenguaje completamente diferente de los andanameses de al lado)

Además parece que no le mataron de primeras, le dieron un par de avisos y el tío porfió.

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Hilazo.

En sentido estricto no es verdad que no estén contactados. Un hijo de la Gran Bretaña (la genocidísima máxima en nombre del free trade, pero hay que reconocer que también saben de marketing los anglocabrones para quedar como los buenos de la película cuando demostrablemente son lo peor de lo peor) secuestró a dos viejos y un niño a finales del siglo XIX (en este caso los sentineleses que serán agresivos pero no tontos, se retiraron a la floresta, porque el hijo de la Gran Bretaña iba con una compañía de soldaditos de rojo) Los viejos murieron de enfermedades contra las que no tenían inmunidad, of course, y al niño lo devolvieron.

O sea, que tampoco es que sean agresivos porque sí: han sido efectivos, por suerte en su isla no debe haber metales preciosos o recursos de nota y es demasiado pequeña para montar una invasión en forma.

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 Asunto: Re: De indígenas y otras molestias.
NotaPublicado: Lun Nov 26, 2018 8:04 pm 
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ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
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Registrado: Mar May 30, 2006 1:18 pm
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Ni que decir tiene que el resto de los "negritos" (que así se los llamaba) están o marginados o segregados o pobres de solemnidad, eso los que no fueron aniquilados por las enfermedades contra las que no tenían inmunidad.

La política migratoria de los sentineleses del norte ha dado resultado. :bleh:

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Traducción al español por Huan Manwe