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 Asunto: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mié Ago 24, 2016 1:40 pm 
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Nos decían que el sistema de pensiones privatizado chileno era cojonudo. Hace nada salieron unos hilillos de personas que no están de acuerdo.


Citar:
The privatized system introduced under the dictatorship leaves more than 10 million people with pensions that provide less than minimum wage.

Hundreds of thousands of people protested Sunday against Chile's privatized pension system, a legacy of late dictator Augusto Pinochet that opponents say is leaving many retirees destitute.

Launched in 1981, Chile's "pension fund administrators" have been held up by pro-market politicians and pundits worldwide as a model of how to privatize a national pension system.

Waving Chilean flags and banners calling for reform, a sea of demonstrators swarmed Alameda Avenue in the capital Santiago as part of one of the largest marches Chile has seen in recent years.

Organizers put the turnout in the capital at 500,000 to 600,000 people. Smaller protests were held in other cities around the South American country.

Protesters say the Pinochet-era system has left the 10 million Chileans enrolled in it with extremely low retirement benefits – far short of the Pinochet regime's original promise of 70 percent of workers' last paychecks, they maintain.


Y la popularidad de la izquierdista sensata Bachelet baja al 15%.

Se informa que los carabineros repartieron una buena ración de liberales y eficientes hostias a los manifestantes.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mié Ago 24, 2016 2:22 pm 
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"Pero tenemos que dar gracias, Marge, por no haber nacido en el Paraguay".

http://www.5dias.com.py/48941-el-40-5-d ... la-pobreza

Me resulta curioso cómo se puede crecer al 13% y que un 40% de la población siga siendo vulnerable a la pobreza.

Por lo menos ahora es presidente una magnate sensato y no el cura rijoso.

Eso que han salido ganando.

:mrgreen:

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mié Ago 24, 2016 2:27 pm 
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http://mundo.sputniknews.com/americalat ... guaty.html

Citar:
Cientos de personas se manifiestan frente al Palacio de Justicia de la capital de Paraguay exigiendo la renuncia del presidente Horacio Cartes, cuya gestión desaprueba el 70% de la población de su país, informa la prensa local.

"Horacio Cartes está reprobado como presidente de la República", dijo Color Ermo Rodríguez, coordinador del Congreso del Pueblo (CDP), agrupación política que aglutina a varias organizaciones campesinas e indígenas.

Además de pedir la renuncia del presidente, que cumple tres años al frente del Ejecutivo, los manifestantes exigieron la absolución de los 11 campesinos presos por el caso de la masacre de Curuguaty.

"Tres años de Cartes en el poder representan abandono, injusticia, falta de salud, precariedad en educación, falta de trabajo, de tierra: exigimos su renuncia y la absolución de los presos políticos del caso Curuguaty, en donde injustamente condenaron a campesinos", señaló Teodolina Villalba, secretaria de la Federación Nacional Campesina.

En la masacre de Curuguaty, ocurrida en 2012, murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo.

Según una encuesta realizada por Ibope Paraguay y el Centro de Investigación de Estudios Socioeconómicos, el 70% de los paraguayos desaprueba el último año de gestión del presidente Cartes


Pues no sé de que se quejan. Ya están los Colorados. :mrgreen:

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Lun Ago 29, 2016 10:21 am 
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Firmado alto el fuego definitivo en Colombia.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Lun Ago 29, 2016 11:20 am 
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Muy buena noticia, creo.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Lun Ago 29, 2016 11:22 am 
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A mí me lo parece.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mié Sep 21, 2016 5:26 pm 
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08 de Septiembre, 2016 | Nacionales
Paraguay desobedece a CIDH en protección de indígenas aislados

Paraguay incumple desde hace medio año una resolución de la CIDH que pide frenar la deforestación en el territorio ancestral del pueblo indígena ayoreo, algunos de cuyos miembros están en aislamiento voluntario.
La resolución, dictada el pasado mes de febrero, solicita a Paraguay que detenga la deforestación en este territorio y pide también crear un mecanismo que evite el ingreso de terceros en la zona, una de las últimas áreas vírgenes del Chaco paraguayo.

Sin embargo, el Gobierno paraguayo aún no emprende ninguna acción para preservar estos territorios, donde la tasa de deforestación es una de las más altas del mundo, con la pérdida de 14 millones de árboles cada mes, según un comunicado de la Organización No Gubernamental (ONG) Survival.

La organización acusa de esta deforestación a tres empresas: Carlos Casado S.A. (filial de la constructora española Grupo San José), River Plate S.A., y la empresa brasileña de carne vacuna Yaguareté Pora S.A.

Survival denunció que la tala masiva de árboles en el Chaco pone en riesgo la supervivencia de los ayoreo totobiegosode, algunos de cuyos miembros constituyen el último grupo de indígenas no contactados de toda América, fuera de la Cuenca Amazónica.

"A menos que Paraguay actúe con rapidez, los ayoreo se convertirán en un dato estadístico más del continuo genocidio de los pueblos indígenas aislados en América del Sur", declaró en el comunicado Stephen Corry, director de Survival International.

La ONG expresó además que los territorios indígenas son la mejor barrera contra la deforestación, por lo que la manera ideal de proteger el Chaco es garantizar que se cumplan los derechos territoriales de los pueblos originarios, que acumularon durante miles de años el conocimiento sobre el cuidado de su hábitat.


Condiciones de vida de los ayoreos Foto: ONG Survival
Además de la CIDH, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD) lamentó el pasado mes de agosto "la falta de medidas apropiadas para proteger a los pueblos indígenas en el Chaco y en la región Oriental que se encuentran en aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial".

Paraguay tiene pendientes de cumplimiento tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la restitución de territorios a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek.

La región del Chaco, compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay, fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Pese a ello, sufre uno de los índices de deforestación más altos del mundo.

La actual tasa de deforestación sitúa a Paraguay como el sexto país del mundo con mayor reducción de bosques, con la pérdida de unas 325.000 hectáreas anuales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en su mayoría debido a que fueron desposeídas de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia. EFE


Vaya hombre, y eso que ahora está la derecha, como debe ser y ya no está el cura. Vaya por Dios.

Sí, el cura del juicio político de dos horas.

Entre eso y la corrupción al más alto nivel en la cúpula militar....

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2016 5:30 pm 
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"Nos vemos dentro de 10.000 muertos"

Más allá de la tristeza, el resultado del plebiscito tiene un efecto político muy grave, y por tanto Colombia tiene un problema político que debe resolver de forma urgente, por medios exclusivamente políticos, no jurídicos

Los argumentos de la campaña del No al acuerdo de paz en Colombia, además de abusivamente burdos y simplistas, carecen de sustento alguno a la vista de las 297 páginas del Acuerdo Final, paciente y cuidadosamente elaboradas durante cuatro años de trabajo

Enrique Santiago Romero - Asesor jurídico de las FARC

04/10/2016 - 09:32h


"Nos vemos dentro de 10.000 muertos"
Tlaxcala, México, 1992.

El sorprendente resultado del Plebiscito celebrado el pasado domingo en Colombia, donde el 'No' al Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC EP se ha impuesto por un estrecho margen de 56.000 votos entre más de 12 millones y medio depositados, sitúa al concluido proceso de Paz que se adelantó en La Habana desde el año 2012, en un delicado trance. El problema que este resultado ha creado es eminentemente político, en ningún caso es un grave problema jurídico.

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, mantiene su validez jurídica a pesar del resultado del plebiscito. Ello por varias razones. En primer lugar, porque el artículo 22 de la Constitución Política colombiana reza: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". En segundo, porque la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que se pronunció el pasado mes de Julio sobre la ley de convocatoria del plebiscito estableció que el resultado de este no tenía ningún efecto jurídico respecto al Acuerdo de Paz, si bien implicaba una obligación política para el Presidente de Colombia, quien decidió unilateralmente convocarlo sin tener obligación de hacerlo.

Y, en tercer lugar, porque el Acuerdo Final ya tiene fuerza jurídica propia conforme al derecho internacional, toda vez que fue suscrito como Acuerdo Especial –figura jurídica de obligatorio cumplimiento prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949– y depositado por las partes ante el organismo depositario de las Convenciones de Ginebra, dándole así legitimidad a sus contenidos.

Las FARC EP, si bien el pasado mes de junio aceptaron la realización del plebiscito tres años de discrepancia argumentada, se han venido oponiendo a la celebración de este por varios motivos: porque la Constitución colombiana configura el derecho a la paz como un derecho fundamental, y por tanto como un derecho "contra mayoritario", es decir, un derecho intrínseco a la dignidad humana que no puede ser sometido a consulta, y que de someterse su resultado no tendría efecto jurídico alguno.

Se trata de un derecho indisponible consustancial a la dignidad de la persona, al igual que el derecho a la vida o a la libertad de cualquier ser humano, derechos fundamentales cuyos contenidos y configuración no dependen de la opinión de terceros, salvo que se opte por conculcar la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la propia Constitución colombiana.

Más allá de la tristeza que embarga a cualquier persona al contemplar como un país desaprovecha la oportunidad de acabar con un conflicto que se inició al menos 30 años antes de que existieran las FARC EP –Ley de Tierras 200 de 1936–, sin duda el resultado del plebiscito tiene un efecto político muy grave, y por tanto Colombia tiene un problema político que debe resolver de forma urgente, por medios exclusivamente políticos, no jurídicos.

Los argumentos de la campaña del No

Existe un importante sector de la población que ha entendido erróneamente que el efecto del Acuerdo de Paz seria pernicioso para el país, porque (de atender a los argumentos esenciales de la campaña del No) provocaría la instauración de un régimen político "castro chavista" donde se cercenarían las libertades individuales; porque provocaría una subida de impuestos; porque instauraría una sociedad gobernada por interés de "género", que se asocian a comportamientos "feministas" y "homosexuales"; y porque supondría la impunidad no de los crímenes cometidos durante el conflicto, sino de los delitos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hubiera causado la guerrilla de las FARC EP.

Tales argumentos, además de abusivamente burdos y simplistas, carecen de sustento alguno a la vista de las 297 páginas del Acuerdo Final, paciente y cuidadosamente elaboradas durante cuatro años de trabajo, observando los derechos de todas las víctimas del conflicto y recogiendo sus inquietudes y opiniones. Lejos de instaurar un régimen "castro chavista", el Acuerdo Final fortalece el derecho a la propiedad privada de los pequeños y medianos campesinos, al blindarlos contra las prácticas de despojo –más de 7 millones de hectáreas usurpadas violentamente– que han padecido históricamente por cuenta de grandes propietarios y sus ejércitos privados -paramilitares-, quienes únicamente defienden el derecho a la propiedad privada si la tierra es para ellos.

En Colombia, el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas. Nada molesta más a esos grandes propietarios que oír hablar de los 10 millones de hectáreas que según el Acuerdo de Paz van a ser entregadas y titularizadas a campesinos pobres sin tierra. Y ello porque el Acuerdo de Paz contempla como poco probable que sean devueltas a sus propietarios originales una parte significativa de los 7 millones de hectáreas despojadas durante el conflicto.

El Acuerdo de Paz supone también la eliminación de un gasto diario en conceptos de guerra de entre 7 y 8 millones de dólares, cantidad que podrá redirigir el Estado a inversiones sociales, infraestructuras, salud o educación si así lo consideran las instituciones, sin necesidad de subir impuestos.

Que haya sido el primer acuerdo de paz alcanzado en el mundo en el que ha existido e intervenido una "comisión de género" –ha revisado todos los acuerdos desde la perspectiva de los derechos de mujeres y personas de diversa orientación sexual– ha sustentado el sorprendente argumento, surgido en las iglesias evangélicas más conservadoras y no desmentido por la iglesia catolica, de que el acuerdo de paz generalizaría las relaciones afectivas homosexuales en el país, así como posibilitaría una especie de "dictadura social feminista".

El más descabellado e interesado de los argumentos del No a la paz, es el de la supuesta impunidad que provocan los acuerdos, a pesar de haberse construido un modelo de Justicia que ha sido saludado por instituciones internacionales y organizaciones de víctimas de forma prácticamente unánime. Solamente Uribe, el muy conservador exprocurador Ordoñez y la ONG estadounidense Human Rights Watch, han mantenido una posición beligerante contra el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acuerdo que pretende procesar penalmente cientos de miles de conductas criminales que han provocado víctimas y están en la absoluta impunidad.

Por el contrario, es la primera vez que en un proceso de paz, ya fuere en Colombia o en cualquier otro país del mundo, y sin intervención de la comunidad internacional, las partes en una mesa de conversaciones han acordado un sistema integral de justicia y ofrecimiento de verdad –otra palabra no del gusto de los poderosos– ante el cual todos los intervinientes en el conflicto, combatientes y también no combatientes –integrantes de colectivos políticos, de grupos económicos, agentes de gobiernos extranjeros, y otros– deberán comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades, si las tuvieran.

Integrantes de colectivos políticos y económicos que nunca han vestido un uniforme ni pisado el barro en una trinchera, pero que han intervenido y/o utilizado la guerra en su provecho político o económico, desde cómodos despachos en Bogotá, disfrutando estructuralmente de impunidad, son ahora los que claman contra una supuesta "impunidad guerrillera" que permitiría la JEP. La Fiscalía General de Colombia tiene preparadas más de 55.000 acusaciones contra las FARC, –responsables, junto a otras guerrillas, de no más del 15% de la victimización causada en el conflicto, según datos de la Unidad de Victimas del Gobierno–, además de las miles de condenas ya impuestas a guerrilleros. Sin embargo, apenas son 3.000 las acusaciones preparadas por la Fiscalía contra agentes del Estado –responsables de un 25% de las victimizaciones– y ninguna, contra organizadores, financiadores o instigadores de grupos paramilitares, responsables de más del 50% de la victimización habida durante el conflicto.

Más de 2.000 "compulsas de copias" (acusaciones derivadas desde un juzgado no competente para investigar) contra financiadores y organizadores de grupos paramilitares, recorren distintas instancias judiciales colombianas desde la aprobación por el entonces presidente Uribe de la Ley de Justicia y Paz en 2005, sin que ninguna institución las procese. Los argumentos del No sobre la supuesta impunidad que provocaría el denominado "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición" acordado en La Habana, no se refieren en ningún momento al tratamiento penal diferenciado que para los agentes del Estado se contempla en dicho Sistema, tratamiento que previsiblemente será utilizado como moneda de cambio en una hipotética renegociación, en aras de mantener los habituales nichos de impunidad civiles.

Mirada al futuro

Respecto al peso político del resultado del plebiscito, la diferencia de 56.000 votos entre el Sí y el No, es mínima en un universo de más de 12,5 millones de votantes y 32 millones de electores. No han podido votar muchos colombianos, por falta de previa apertura de censos electorales en un país donde buena parte de la población campesina carece de documentación, habiendo además más de 4 millones de colombianos en el exterior –muchos de ellos exiliados políticos–, la inmensa mayoría sin censar. Por si ello fuera poco, el paso del huracán Mathew por la región caribe colombiana el día de la votación, provocó una altísima abstención en una región donde masivamente las encuestas daban ganador al Sí y donde efectivamente este venció, a pesar de los cientos de miles de personas que se vieron imposibilitados de ir a votar.

Tras el inesperado resultado, todos los sectores implicados se han pronunciado por continuar el proceso de paz: el Gobierno, las FARC y los defensores del No, si bien estos últimos pueden pretender convertirse en oráculos que pretendan interpretar qué es lo que debe ser modificado del Acuerdo de Paz para que este supuestamente se corresponda con la voluntad expresada por los votantes del No.

Y ya verán los lectores como el oráculo uribista interpretará que son los acuerdos sobre Jurisdicción Especial para la Paz , desmantelamiento del paramilitarismo y Reforma Rural Integral, los que deben ser modificados, o mejor aun "desmantelados". No para que los guerrilleros no puedan disfrutar de una impunidad inexistente en la justicia ordinaria colombiana o en el Sistema Integral definido en los acuerdos – la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó en su informe sobre Colombia de noviembre de 2015, que las guerrillas en Colombia son el único actor del conflicto que no ha disfrutado de impunidad, debido a la implacable y constante persecución del Estado en su contra y de sus supuestos colaboradores– sino para excluir de la competencia de la JEP a políticos, empresarios, o en general a civiles organizadores, financiadores o instigadores de los muchos grupos armados paramilitares que han existido o existen en Colombia. Su objetivo no es otro que continuar, por los siglos de los siglos, disfrutando de la impunidad a la que están acostumbrados y que tan pingues benéficos les ha producido.

El lunes 3 de octubre, tal y como habían solicitado los defensores del No, el Presidente Santos convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión para abordar la situación creada. La totalidad de los partidos políticos, salvo el Centro Democrático de Uribe, han venido apoyando el proceso de paz. El único partido político que no ha acudido a esa reunión es el Centro Democrático. Ausencia que no puede deberse más que a la falta de voluntad de alcanzar un acuerdo político para salvar el proceso de paz, o a que ni ellos saben en este momento como gestionar el No a la paz que tan irresponsablemente han provocado.

Las propuestas presentadas por el ahora senador Uribe en el Senado, el día siguiente al plebiscito, para supuestamente salvar el proceso de paz (cese al fuego, otorgar amnistías inmediatas, y proteger la vida de los jefes de las FARC) estaban ya incluidas en el Acuerdo de Paz y en el caso del cese al fuego, en vigor desde el pasado 29 de agosto, habiéndose ya iniciado el proceso de Dejación de Armas por las FARC el pasado día 30 de septiembre.

En la amplia convocatoria al dialogo político efectuada por el Gobierno debería incluirse, por justicia y coherencia, a las organizaciones de víctimas, legítimas representantes de quienes padecen o han padecido directamente la guerra, y que quizás por ello han apoyado masivamente el Sí a la paz. Sin su presencia, se excluiría del dialogo nacional a aquellos en cuyo nombre todos los partidos políticos dicen hablar, sin que ninguno de ellos haya recibido nunca expresamente dicha representación. La presencia de las víctimas en el dialogo es imprescindible, porque no parece probable que el mismo "establecimiento" colombiano que en casi cien años no ha sido capaz de acabar ni con la violencia política ni con la guerra, pueda ahora alcanzar un acuerdo político para salvar una paz que estaba ya acordada con las FARC hasta que sus cuitas políticas –Uribe, Santos y la ambición– la hicieron saltar por los aires.

"Nos vemos dentro de 10.000 muertos", dijo un indignado y agotado negociador guerrillero a un negociador del Gobierno tras fracasar el segundo de los cuatro procesos de paz habidos entre el Estado y las FARC. Esta vez, entre todos y todas vamos a preservar y proteger la paz, para que no haya que volver a verse dentro de ningún muerto más. Y esta tarea sin duda es una obligación de la Comunidad Internacional.


http://www.eldiario.es/tribunaabierta/v ... 53403.html

:worthyl: :worthyl: :worthyl:

Grande, camarada.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Mar Oct 04, 2016 5:35 pm 
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En Colombia, el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas.


BUeno, siendo COlombia un país diminuto y con escasa tierra cultivable, tampoco 2.300 personas indican tanta concentración de la tierra.

Seguro que por eso no editorializa el Pais sobre ello.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Jue Oct 06, 2016 5:01 pm 
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No se trata de "pasar por alto" el plebiscito, sino que éste no tiene efectos jurídicos. Lo explica perfectamente Enrique Santiago en el artículo que he citado más arriba.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 9:05 pm 
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¿Vosotros por qué creéis que no se ha concedido el Nóbel de la Paz a las FARC-EP, ni a Timoleón Jiménez "Timochenko", ni a ningún otro líder o negociador de esa guerrilla?

Yo tengo mis sospechas.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 9:20 pm 
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A lo mejor porque Timochenko lleva décadas dirigiendo un ejército y Santos acaba de llegar.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 9:21 pm 
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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 9:40 pm 
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iggypop escribió:
A lo mejor porque Timochenko lleva décadas dirigiendo un ejército y Santos acaba de llegar.

¿Que Santos acaba de llegar? Pero si fue ministro de Defensa desde 2006 hasta 2009, y presidente de Colombia desde 2010. Y Timochenko sólo es máximo dirigente de las FARC-EP desde 2011.

¿Y desde cuando es necesario llevar poco tiempo dirigiendo el ejército en cuestión? ¿Cuántos años llevaba Arafat al frente de la OLP cuando le dieron el premio? ¿Y Mandela al frente del CNA? Por poner sólo dos ejemplos de los varios que podrían ponerse.

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 Asunto: Re: El Hilo de Toda América del Sur.
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2016 10:20 pm 
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Traducción al español por Huan Manwe