también ha tenido que revisarse la práctica e interpretación judicial que se hacía de estos delitos y que ha llegado a motivar condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a países que persistían en el estereotipo de exigir la oposición y la resistencia como prueba de la violación. Así, dice la sentencia de 3 de diciembre de 2003 que condenó a Bulgaria por no haber investigado una denuncia por violación que “las obligaciones exigibles a los estados miembros bajo los artículos 3 y 8 del Convenio implican la penalización y efectiva persecución de cualquier acto sexual no consentido, incluyendo los casos de ausencia de resistencia física por parte de la víctima”.

Una somera lectura de las recientes reformas penales de Alemania, Portugal, Suecia o Islandia vacunaría a muchos de las preocupaciones expresadas, que carecen de sustento técnico, pues en nada limita a la presunción de inocencia exigir que el sexo sea consentido y el consentimiento libremente manifestado de alguna manera.

Una relación sexual legítima es aquella que se produce entre personas libres que consienten recíprocamente en llevarla a cabo porque tienen la capacidad y voluntad de decidir y autodeterminarse en el plano sexual.

Habrá que ver cómo se implementa, claro, pero muy mal lo tendrán que hacer para evitar espectáculos como el de La Manada (y nombro éste por lo que ha tenido de público) y similares.