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 Asunto: Auge y caída del Gobierno Confederado.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2011 8:48 pm 
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Continuando con mi actual monomanía histórica, y como ya llevaba tiempo traduciendo también estas memorias del Presidente Confederado Jefferson Davis, empiezo pegando la traduçao de la introducción y el primer capítulo. Creo que siempre es interesante escuchar la voz y las razones de los perdedores, aunque en este caso, sean perdedores justamente condenados al basurero de la historia.

Davis, sea cual sea la repugnancia que podamos tener por sus ideas, era un político instruido en tanto que señorito ocioso del Sur y con un estilo IMHO elegante, pulcro, pulido y claro (bueno, tal vez pelín pomposo para gustos contemporáneos), y si hacemos abstracción de la esclavitud, sus argumentos sobre la naturaleza del gobierno constitucional y sobre el derecho de secesión EMHO son lógicos, persuasivos y están muy bien construidos. Desde luego su traducción me ha venido resultando más amena que la del diario del coronel inglés, que, sin perjuicio de su pintoresquismo y de la gracia de anécdotas concretas, se pasa tanto tiempo simplemente nombrando datos y fechas. La diferencia de Nybel e interés creo que le resultara patente al posible (o improbable) lector más despistado.
Así que sin más dilación ni ulterior demora hay va:

http://www.confederateliberation.com/wp ... -Davis.pdf

Esta obra pretende demostrar, a partir de datos históricos, que los Estados del Sur estaban legitimados para abandonar una Unión en la que habían ingresado voluntariamente en tanto que comunidades soberanas; que la negación de ese derecho suponía una contravención de la letra y el espíritu del pacto fundacional entre los Estados; y que en la guerra que el gobierno Federal declaró a los Estados Secesionistas no se tuvieron consideración los límites competenciales que fijaba la constitución, ni se respetaron los sagrados principios de la Declaración de Independencia.

El autor, habiendo ostentado un cargo oficial, está en posición de asegurar que conoce bastante bien los motivos y acciones de sus paisanos antes y durante la guerra de 1861 a 1865, y ha intentado proporcionar material al historiador del futuro, quien, cuando las pasiones y prejuicios que hoy imperan hayan cedido paso a la razón y a al análisis imparcial y equitativo, pueda tal vez, en mejor medida que nuestros contemporáneos, dar cuenta de las causas, de las acciones y de los resultados de dicha guerra.

El acicate principal para sumergirme en la obra que ahora ofrezco al público era mi aspiración de corregir malas interpretaciones engendradas por groseras caricaturas puestas deliberadamente en circulación, referentes a las acciones y a los propósitos del pueblo y del Gobierno Confederado. Debido a la cansina reiteración de términos tan impropios como “Rebelión” o “Traición”, y la constante aserción de que era el Sur quien había declarado la guerra a los Estados Unidos, lo que manifiesta la ignorancia reinante en cuanto a la naturaleza de la Unión y los poderes de reserva de los Estados, muchas personas han sido inducidas a creer que los Estados Confederados no eran sino provincias rebeldes, y que los Estados Unidos tuvieron que recurrir a las armas para preservar su sola existencia.

Sin embargo, a todos aquellos que están al corriente de que la Unión se constituyó para el logro de fines muy definidos, claramente enunciados y enumerados, y que los Estados jamás cedieron un ápice de su soberanía originaria, resulta un palpable disparate aplicarles a ellos mismos o a sus ciudadanos, cuando observan sus mandatos, los términos “rebelión” y “traición”; y, lo que es más, se va a aclarar en las páginas que siguen que los Estados Confederados, bien lejos de declarar la guerra o de perseguir la destrucción de los Estados Unidos, tan pronto como estuvieron dotados de un Gobierno Nacional, buscaron con todo su poder su pacífico reconocimiento, con el fin de poder llegar a un acuerdo equitativo para resolver todas las cuestiones que surgirían naturalmente de la separación de sus anteriores asociados.

Otra gran perversión de la verdad histórica se ha provocado con el procesamiento como rebeldes de aquellos hombres que participaron en la fundación de la Confederación y que emplearon las armas en su defensa. Las disputas seccionales aparecen conspicuamente en los debates de la Convención que redactó la Constitución Federal, figurando en las actas de os mismos gran número de transacciones y compromisos concebidos para asegurar el equilibrio entre las mencionadas secciones, con del fin de preservar tanto los intereses como las libertades de los distintos Estados. La esclavitud africana en esos tiempos no era privativa de una sección, aunque su importancia fuera numéricamente mayor en el Sur, con tendencia a continuar allí y a disiparse en el Norte.

Ahí nos topamos ya desde el principio con un elemento perturbador, y las previsiones de la Constitución, que bien se sabía eran necesarias para su aceptación general, obligaban a todos los Estados a reconocer y proteger dicho género de propiedad. Cuando con posterioridad sobrevino un periodo donde la agitación antiesclavista tuvo cierto predicamento en los Estados del Norte, al fin no fue sino un movimiento inofensivo y que casi paso inadvertido. Al menos hasta que llegó el momento en que políticos demagogos y populacheros lo emplearon como un medio para alcanzar el poder.

De haber sido solamente por estos individuos pseudo-filantrópicos y fanáticos, más fanáticos cuanto menos informados, nunca hubieron podido conmover los fundamentos de la Unión hasta el punto de que una fracción de ella sometiera a la otra por el hierro, el fuego y el acero. Que la agitación tenía un carácter claramente político, y que ya estaba claramente perfilada tan pronto como en 1803, creo que va a quedar propiamente confirmado en esta obra.

Preservar el equilibrio entre las partes y la igualdad entre Estados soberanos fue la misión de uno de los bandos, someter y subyugar a otros fue el designio ostensible del otro. Este conflicto comenzó antes de que los hombres de la Confederación nacieran. Como surgió y como se desenvolvió, he intentado revelarlo sucintamente. En última instancia lo que estaba en juego era la cuestión de la territorialidad; y si en este trabajo no se ha conseguido probar que la posición del Sur estaba legitimada por la Constitución y por la igualdad de derechos entre los pueblos de los diferentes Estados, es porque no he sido capaz de presentar la cuestión con la suficiente fuerza y claridad expositiva.

Al describir los acontecimientos de la guerra, la falta de espacio y la pérdida de documentación han impedido que nombre a muchas personas dignas de mención y consideración, tanto por su humanidad como por su heroísmo ante un rival tan abrumador y poderoso. Consuela saber que estas numerosas omisiones no serán irreparables. Los informes oficiales contemporáneos y la publicación cada vez más frecuente de memorias y contribuciones de los principales actores completarán las omisiones de modo mucho más gráfico y pormenorizado de lo que hubiera podido transmitir en este trabajo.
Aclaremos, que las usurpaciones competenciales del Gobierno Federal, se presentan, no con ánimo hostil, sino como un aviso al pueblo de los peligros que aún se ciernen sobre sus libertades. Cuando cesó la guerra, el pretexto con el que había sido librada ya no podía mantenerse.

La proclamación de emancipación del Sr. Lincoln, que cuando fue promulgada, según su propia y socarrona confesión era totalmente nula y sin efecto, ha sido convalidada por la máxima autoridad reconocida en nuestro entramado institucional: el pueblo reunido en las distintas Convenciones Estatales. Los soldados Confederados entregaron las armas, de buena fe se comprometieron a no efectuar más actos de hostilidad, y regresaron en paz a sus hogares; ya no podía existir recelo alguno contra ellos por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ya no se podía, por tanto, invocar la necesidad política para agredir al pueblo y los Estados de la fenecida Confederación. ¿Menguaron pues, los deseos de venganza, que suelen acabar en el sepulcro? ¿Siguió una paz real y la restauración de los Estados a sus derechos y prerrogativas constitucionales, como se prometió que se haría en cuanto la Unión fuera restaurada? Creo que el recital de invasión de competencias reservadas a los estados, o al pueblo, o la perversión de la forma republicana de gobierno garantizada a cada estado, da cumplida respuesta a la pregunta. Debido al deplorable hecho de la guerra, debido a la feroz manera en que fue librada, debido a los tristes efectos físicos y morales que desencadenó, el lector imparcial de estas páginas, espero, convendrá en que el Sur, en el tribunal de la Conciencia, queda libremente sobreseído.

Lo pasado, pasado; nuestras más sinceras esperanzas para que en el futuro la fraternidad entre los pueblos y Estados de la Unión reviva en su prístina pureza, radican en el acertado criterio y en el buen talante de los hombres que han de suceder a nuestra generación; en que sean los más idóneos para tan bendita labor, esa que, con el fin de lograr el bien común, les exige que tomen como su credo las mismas fuentes de nuestra historia política, no que beban de escuetos arroyuelos, emponzoñados como han sido por interesados politicastros y por la lucha sectaria y particularista.

Introducción.

Por un sentido del deber hacia mis paisanos, por la necesidad de guardar en nuestra memoria a los que murieron en defensa de una causa consagrada por su herencia y sostenida por firmes convicciones, así por todos aquellos, que tal vez menos afortunados, todo lo apostaron y todo lo perdieron, salvo la vida y el honor, me he sentido obligado a intentar vindicar su causa y su conducta. Por esa razón he resuelto presentar este panorama histórico de todo lo acaecido durante la lucha de los Estados del Sur para preservar su existencia y sus derechos en tanto que comunidades soberanas: pues ellas, y sólo ellas, son los progenitores, y no los vástagos, de cualquier sistema de gobierno.

El problema social de mantener una relación equitativa entre la Constitución, el Gobierno y el Pueblo, ha sido hasta ahora tan espinoso, que la historia humana es un inacabable listado de ejemplos de tentativas infructuosas sobre la cuestión. Un gobierno, para poder proteger y promover el bienestar de su pueblo, debe gozar de cierta homogeneidad en sus partes constitutivas. Es dicha necesidad la que ha dividido a la raza humana en diferentes naciones, y que finalmente ha abatido los deseos de muchos soberbios conquistadores que pretendían que sus dominios nunca tuvieran fin. Cuando nuestros padres disolvieron toda conexión con Inglaterra, declarándose Estados libres e independientes, constituyeron trece comunidades humanes separadas, y tuvieron buen cuidado en sostener y hacer perdurar su jurisdicción y soberanía particular.

En un tiempo en que la mentalidad de los hombres se está desviando de las lecciones enseñadas por nuestros antepasados, parece justo y apropiado regresar a los principios originarios bajo los que el sistema de gobierno que concibieron fue fundado. Las verdades eternas que anunciaron, los derechos que declararon “inalienables” son la piedra angular en la que resta la vindicación de la Causa Confederada.

Es un lector apresurado de nuestra historia política quien no haya sido capaz de observar que bien sea bajo el título de “Colonias Unidas” o “Estados Unidos”, adoptado después de la Declaración de Independencia, bien sea bajo los Artículos de la Confederación o el Convenio de la Unión, en todo lugar se manifiesta la clara y distinta noción de la soberanía de los Estados, y en ningún momento se aprecia la más mínima indicación de cualquier propósito por parte de los Estados de fundirse y consolidarse en un cuerpo único. ¿Acaso un hombre lleno de candor y buena fe, que al mismo tiempo estuviera bien informado, se atrevería a afirmar que hubiera sido posible que en cualquier momento entre 1776 y 1790 saliera adelante la estipulación de que los estados cedieran su soberanía y se fundieran en el único molde del gobierno central? ¿Es que puede ser algún hecho histórico más demostrable que el hecho de que los Estados, tanto en la Confederación como en la Unión, retenían su soberanía e independencia como comunidades distintivas, consintiendo Federarse sin que ello supusiera convertirse en simples fracciones de una nación integral? Que esas opiniones tengan partidarios hoy en día, sólo puede atribuir a la ley natural de la agregación y la inercia; con toda seguridad no a un análisis ecuánime de los términos del convenio de Unión entre los Estados.

En todo gobierno libre la Constitución o Ley Orgánica básica es la suprema Ley del país, y en nuestra Unión Federal esto quedó manifiesto de modo palmario por prohibiciones, limitaciones y contrapesos establecidos para evitar que el Gobierno Federal se extralimitara en sus competencias. Considero que aquellos que se resistieron a las transgresiones del pacto originario eran los verdaderos amigos de la Unión constitucional, y aquellos que se mantenían en su usurpación de la soberanía no delegada, sus verdaderos enemigos.

Capítulo 1.


Puesto que las cuestiones que surgen de la esclavitud de los negros, o tocantes a ella, van a ocupar un lugar descollante en lo que expondré a continuación, es importante que el lector tenga, desde el principio un correcto entendimiento de la verdadera naturaleza de esas cuestiones. No hay tema que se haya malinterpretado tanto o que se haya presentado de forma tan porfiadamente falaz. La institución ha dejado de existir en los estados unidos; la generación de la que formaban parte todos los que estaban inmersos en los debates y controversias de las que fue causa, o para los que sirvió de pretexto, está desapareciendo; y los errores que en nuestra propia nación han imperado, y aún más en las extranjeros que no conocían el tema directamente, es probable que se perpetúen para el historiador de la posteridad, a menos que se corrijan para evitar que cristalicen en una tácita aquiescencia.

Es bien conocido que cuando se promulgó la Constitución Federal, la esclavitud africana existía en todos y cada uno de los estados que fueron parte del pacto constitucional, con la única excepción de Massachusetts, donde sin embargo, su abolición era muy reciente. Los esclavos, sin embargo, eran numerosos en el sur y escaseaban en el norte. Esta disparidad la ocasionaron diferencias de clima, agrícolas y de intereses industriales. De ningún modo tuvo parte consideración moral alguna, pues en esos días no se percibía como un elemento de la cuestión. La simple razón es que el trabajo forzado de los negros era más rentable económicamente en el Sur que en el Norte. Es por ello que la importación de negros se dirigía principalmente, y se siguió dirigiendo, a los puertos del Sur. Por la misma razón los Estados del Norte la fueron aboliendo (aunque existió en varios de ellos hasta más de 50 años después de la promulgación de la Constitución) en tanto que la importación de esclavos al Sur continuó siendo llevada a cabo por mercaderes del Norte en Barcos del Norte, sin ninguna interferencia en el tráfico, hasta que fue al fin prohibido por la acción espontánea de los propios Estados del Sur.
La Constitución vetaba expresamente cualquier interferencia del Congreso con el tráfico servil, o para emplear sus propias palabras “con la inmigración o importación de tales personas” como cualquier estado considera oportuno admitir “antes del año 1808”: Durante ese periodo intermedio de más de 20 años, la cuestión estaba bajo control y competencia de cada estado respectivo. Y no obstante, cada estado del Sur, sin excepción, ya había promulgado, o se disponía a promulgar, leyes que vetaban la importación de esclavos en lo sucesivo. Virginia fue el primer Estado, del norte o del sur, que dictó esa prohibición, y Georgia fue el primer estado que incorporó esa prohibición en su Constitución estatal.

Con fecha 11 y 12 de febrero de 1790, en el primero Congreso elegido de conformidad con las previsiones de la Constitución, se presentaron dos peticiones para la abolición de la esclavitud y del tráfico servil. Después de un prolongado debate en la Cámara Representativa, se dejó claro, por lo que respecta a la primera cuestión que “El Congreso carece de competencia para interferir en la emancipación de los esclavos o en el tratamiento que reciban en cada uno de ellos; y en relación con el segundo extremo, que no existía autoridad alguna con capacidad para vetar la inmigración o importación de tales personas, antes de 1808. Tan clara y distinta fue esta declaración sobre la limitación de las competencias del congreso en la materia, que cuando pasados tres años se presentó una petición similar se ordenó al Secretario del Congreso que la devolviera al peticionario.

En 1807, el Congreso, en el mismo momento en que la restricción constitucional dejó de ser operativo, aprobó una ley que prohibía la importación de esclavos a cualquier parte de los Estados Unidos desde y a partir del 1 de enero de 1808. Esta ley fue aprobada por práctica unanimidad, por 113 síes contra 5 noes; y es significativo, y muestra la carencia de divisiones sectarias en esos días, que los cinco votos disidentes estaban casi igualmente divididos entre norte y sur: dos fueron sureños y tres norteños.

El tráfico de esclavos había sido por tanto abolido algunos meses antes de que naciera el autor de estas páginas y desde entonces no ha tenido existencia legítima en los Estados Unidos. La cuestión de la preservación o la abolición de la servidumbre africana, existente en cualquier estado, era una cuestión que sólo le concernía a él. Es claro, por tanto, que ninguna normativa subsiguiente, que fuera competencia legítima de las autoridades Federales, hubiera podido hacer alguna referencia a los méritos de la propia institución. Unos pocos fanáticos del norte introdujeron gran agitación demandando la abolición de la esclavitud en los Estados mediante la intervención del Gobierno Federal, y debido a su incesante actividad y a su obstinación acabaron siendo un partido reconocido, que sirviendo de bisagra en el equilibrio de poder entre las dos organizaciones enfrentadas en ese interés seccional, acabó haciéndose con el control de una de ellas, y logró en no poca medida desvirtuar o corromper a la otra. La idea dominante, al menos del partido absorbido, era el engrandecimiento sectario, el control total de la nación, y en ellos radica la responsabilidad principal de la guerra.

No eran cuestiones morales ni sentimentales las que estaban realmente considerándose tanto en las primeras como en las más recientes controversias que agitaron y acabaron dividiendo la Unión. Eran disputas entre diferentes secciones del país, con intereses e instituciones dispares.

Es absolutamente preciso, con el fin de obtener un entendimiento correcto de la historia de la nación, apreciar en conciencia estas verdades. La fraseología del periodo, en otro caso, logrará engañar a muchos. El empleo antitético de términos tales como libertad y esclavitud y “anti-esclavitud” y “pro-esclavitud”, para designar supuestamente los principios y propósitos de las diferentes facciones o secciones rivales del país, ha tenido una lamentable influencia al confundir las opiniones y simpatías del mundo entero.

La idea de la libertad es cautivadora, y la de la esclavitud repele al sentido moral fundamental de la humanidad en general. Es fácil, por tanto, juzgar el efecto de aplicar una serie de términos a un partido y otros a otros, sin que se entre a analizar de modo fríos los méritos esenciales de la libertad y la esclavitud. Los estadistas del Sur han sido tal vez indiferentes en demasía en relación con estas cuestiones, pues en su ardiente defensa de sus principios, han pasado por alto los efectos del lenguaje cargado y la propaganda política.

Y lo dicho es especialmente cierto por lo que concierne a esa expresión tan familiar pero falaz “la extensión de la esclavitud”. Al lector que no esté familiarizado con el tema, o que sólo lo contemple en su superficie, no se le ocurrirá nunca, tal vez, que tal y como era usado en los grandes debates que concernían a los Territorios de los Estados Unidos, no implicaba, y nunca implicó, la adición de un solo esclavo más a los que ya había. La cuestión era simplemente si se permitiría que el dueño de esclavos pudiera ir, con sus esclavos, a un Territorio (propiedad común de la nación) en la que el individuo que no poseyera esclavos también pudiera acudir con sus propiedades. No había deseo ni planes por parte de los Estados del Sur de reabrir el comercio de esclavos, que habían sido los primeros en abolir, o en aumentar el número de esclavos. Era una cuestión de distribución, o dispersión, de los esclavos, más que de su “extensión”. Llevar tu propiedad a un sitio no es extender la institución. De cierto, si de verdad se deseaba la emancipación, la dispersión de los negros en una área mayor en los Territorios adicionales que algún día se convertirían en Estados, debido a su clima poco propicio para el trabajo servil, en ver de impedir dicho deseo lo había promovido por la fuerza de los hechos hasta que se llegara a la emancipación total.

La distinción aquí expuesta entre distribución o dispersión de los esclavos y extensión de la esclavitud (dos cosas conceptualmente distintas pero sobre las que con frecuencia recae esta confusión) estaba ya de inicio claramente expuesta bajo las circunstancias concurrentes y en una conexión que precisara de una observación adicional.
Virginia, como bien se sabe, en el año 1784, cedió a los Estados Unidos (cuyo único vínculo era entonces los originarios Artículos de la Confederación) sus vastos dominios al noroeste del río Ohio, en los que se han formado desde entonces los grandes Estados de Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin y parte de Minnesota. En 1878, antes de la promulgación de la Constitución Federal, la celebrada “ordenanza” orgánica para el gobierno del Territorio Noroccidental fue adoptada por el congreso, con su pleno asenso, y a instancias expresas del Estado de Virginia. Esta Ordenanza incluía seis claros “Artículos del Convenio entre los estados originarios y el pueblo y los Estados en el citado Territorio”, que “permanecerían siempre inalterados salvo por consenso común”. El sexto de los artículos disponía que “no existirá esclavitud ni servidumbre forzosa en el precitado Territorio, a menos que se imponga como pena recaída en sentencia firme como consecuencia de un delito”.
En diciembre de 1805, una petición del Consejo Legislativo y de la Cámara de Representantes del territorio de Indiana (que entonces comprendía toda el área ahora ocupada por los Estados de Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin, fue presentada al Congreso. De las actas de la cámara de la Cámara de Representantes se colige que varias peticiones de la misma índole por parte de los ciudadanos del territorio, junto con una carta del Gobernador William Henry Harrison (después presidente de los EEUU) habían sido tomadas en consideración dos años antes. El tenor de estas peticiones abogaba por la suspensión del mencionado sexto artículo, con el fin de que fuera permitida la introducción de esclavos en el Territorio. La cuestión se asignó a un comité de siete miembros compuestos por representantes de Virginia, Ohio, Pennsylvania, Carolina del Sur, Kentucky y Nueva York, junto con el delegado del Territorio de Indiana.

En el 14 de febrero siguiente (1806) dicho comité emitió un informe favorable a la petición aludida, y recomendó una moratoria del citado artículo durante 10 años. En su informe, después de dictaminar que una suspensión temporal del artículo en cuestión sería en interés de la población del Territorio, continuaba diciendo:

“La suspensión de este artículo la desea la práctica totalidad de los ciudadanos del Territorio. A juicio de este comité se trata de una cuestión bien distinta a la alternativa entre libertad o esclavitud, pues no es sino la posibilidad de trasladar personas, en este caso esclavos, de una parte de la nación a otra. La suspensión de la prohibición, en el caso que nos ocupa, tendrá el beneficioso efecto de promover el poblamiento del territorio, que hasta ahora ha sido más lento por la aplicación de ese artículo; los dueños de esclavos que emigren al país occidental podrán, si lo desean, asentarse en este territorio, en vez de buscar, como hasta ahora no han tenido más remedio que hacer, emigrar a otros Estados o Territorios que permitan la introducción de esclavos. Es de prever que la condición de los esclavos mejore en gran medida, pues la experiencia nos indica claramente que cuanto más separados y dispersos se hallan mejor trato les dispensan sus amos, pues cada propietario tiene en su poder la facultad de incrementar su comodidad y haberes en proporción a la escasez de su número.”

Este era el desapasionado dictamen de representantes procedentes de todos los lugares de la Unión. Hombres contemporáneos con la Constitución originaria, que hablaban antes de que surgieran las divisiones territoriales en relación con la materia. Resulta muy notable que las opiniones que expresan y las razones que aducen, cincuenta años después, hayan venido a ser denunciadas y repudiadas por la mitad de la nación como sectarias y particularistas cuando las defiende la otra mitad.

No se tomó una decisión final sobre la materia antes del periodo de vacancia del Congreso, pero en el siguiente periodo de sesiones se trajo a colación de la forma más rotunda. El 20 de enero de 1807, el Portavoz expuso ante la Cámara una carta del Gobernador Harrison, que contenía ciertas resoluciones adoptadas formal y unánimemente por el Consejo Legislativo y la Cámara de Representantes del Territorio, en favor de la suspensión del sexto artículo y la introducción de esclavos en el territorio que decían que sería “aprobada por al menos 9/10 partes de los buenos ciudadanos del mismo”.
Entre dichas resoluciones estaba la siguiente:

“Se resuelve unánimemente. Que la cuestión abstracta de la libertad o esclavitud no es objeto de consideración por lo que a la suspensión de la aplicación del artículo respecta, pues no implicará una alteración del número de esclavos en los Estados Unidos.

Se resuelve unánimemente, que la suspensión del citado artículo será igualmente favorable para el Territorio, para los Estados de los que proceden los negros, y para los propios negros”.

“Los estados con un número desproporcionado de negros se verán beneficiados por la ocasión de desprenderse de aquellos que no pueden mantener en condiciones apropiadas, y asimismo por poder trasladarlos a un país donde abunda todo lo necesario para sostener la vida; y los propios negros podrán trocar sus escasas raciones de la comida más mezquina por una dieta más completa y nutritiva, una situación que sin duda promoverá su futura y total emancipación”.

Dichas resoluciones se sometieron a un comité formado, como el anterior, por representantes de toda la nación, que de nuevo informaron favorablemente, reiterando en esencia las mismas razones del comité anterior. Su informe fue aceptado por la Cámara, y se dictó una resolución para suspender el artículo. Sin embargo la proposición fue rechazada en el Senado, y la moción fue rechazada. Esto constituye un instructivo y significativo episodio en la historia política de esta nación.
La alusión que se ha hecho a la Ordenanza de 1787, hace ver muy correcta y sucintamente, el mismo argumento que se presentó en el debate de la cuestión de Missouri, y que tanto se ha repetido después, que la Ordenanza ofrecía un precedente que apoyaba el poder del Congreso para determinar la cuestión de la admisión de Esclavos en los territorios, y que justificaba la cláusula prohibitiva aplicada en 1820 a una porción del territorio de Luisiana.

La diferencia entre el Congreso Confederado y el Federal es tan amplia que la acción del primero no puede, en sentido justo y estricto tomarse como precedente para el último. El Congreso de la Confederación representaba a los Estados en ejercicio de su soberanía, gozando cada delegado de un voto, de modo que todos los estados poseían igual peso en la decisión de cualquier cuestión.

Tenía poderes legislativos, ejecutivos, y hasta cierto punto judiciales, combinando en sí misma todas las ramas del gobierno. Durante su vacancia un comité nombrado Comité de los Estados ejercitaba los poderes del Congreso, que era en espíritu, si no de hecho, una asamblea de los Estados.

Por otro lado, el Congreso, en la Constitución, no es sino el departamento legislativo del Gobierno General, con las únicas (y tasadas) competencias que le fueron delegadas por los Estados. Y por si eso no bastara las ramas judicial y ejecutiva ejercen un firme contrapeso, con funciones peculiares y muy concretas.

Si se admite, entonces (aunque es como poco muy discutible) que el Congreso de la Confederación tenía competencias legítimas para no permitir la propiedad de esclavos en el territorio que se extendía al noroeste del río Ohio, esta competencia debe derivarse de su carácter de asamblea de Estados soberanos; no de los Artículos de la Confederación, donde no se hallará previsión alguna que otorgue autoridad o competencia para ello. Se prohíbe expresamente al Congreso asumir competencias que no le hayan sido clara y distintamente delegadas en tanto que poder legislativo de un gobierno organizado. Lo que en el primer caso era cuestionable, en el segundo es claramente inaceptable.

Pero aún hay que notar un matiz harto relevante. Los Estados, que eran los titulares conjuntos de lo que se denominaba Territorio del Noroeste, eran miembros integrantes del Congreso que adoptó la Ordenanza que regulaba su gobierno, adoptada por una votación libre y unánime. La Ordenanza debe pues considerarse virtualmente como un tratado entre los Estados que cedían y aquellos que recibían esos extensos dominios. En otro caso, Missouri y toda la región afectada por el Compromiso de Missouri, eran partes del territorio adquirido de Francia denominado Luisiana. Y como hacen falta dos partes para enmendar un tratado, Francia y los Estados Unidos debían haber actuado conjuntamente en cualquier enmienda del Tratado por el que se adquiría Luisiana, y que garantizaba a los ciudadanos del territorio cedido “todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos” y “el libre disfrute de sus libertades, propiedades, y el derecho de libertad religiosa”.

Por todo lo antedicho, me parece irrefutable que la actuación del Congreso de la Confederación en 1787 no constituye precedente alguno que legitime la actuación del Congreso de los Estados Unidos en 1820, y que la cláusula restrictiva del Compromiso de Missouri carecía de legitimidad constitucional, conculcaba los derechos de los titulares conjuntos del territorio y no tenía en consideración las obligaciones del Tratado firmado con Francia.

El fundamento de las disputas seccionales residía en la cuestión del equilibrio de poder político. En sus manifestaciones más tempranas no se hacía esfuerzo alguno en ocultarlo. La compra de Luisiana a Francia en 1803 y la admisión subsiguiente de una fracción de este Territorio como Estado, nos permite observar una de las más tempranas manifestaciones de rivalidad territorial, junto con las primeras amenazas (o avisos) de una posible disolución de la Unión (que procedían de Nueva Inglaterra)

Y si bien existía el trabajo servil negro en Luisiana, no fue esa precisamente la objeción que se puso a la obtención del territorio. Con descarada franqueza se manifestaba en la correspondencia de un político de Massachusetts “que la influencia de nuestra parte de la Unión va a quedar muy minorada si los del Sur adquieren ese territorio”.
Pocos años más tarde (1819-1820) aconteció la memorable disputa en relación con la admisión en la Unión de Missouri, el segundo Estado que surgió a partir del territorio de Luisiana. La controversia nació de la proposición de vincular necesariamente la admisión de ese nuevo Estado al requisito previo de la abolición de la esclavitud en el mismo. El vehemente debate que tuvo lugar continuó en el siguiente Congreso electo, con la nación soliviantada hasta entonces. Era la primera vez que surgía un problema que ponía en tela de juicio la estabilidad de la Unión misma, y el primero en que la oposición a la esclavitud “en abstracto” fue introducida en el debate como apoyo de reivindicaciones territoriales. En el debate quedó claro que esas consideraciones eran irrelevantes; que el número de esclavos existentes no se alteraría porque los esclavos de los Estados más antiguos se trasladaran a Missouri; y lo que es más, que esa norma restrictiva era contraria al espíritu, cuando no al tenor literal de la Constitución.

Y con todo ello, la norma fue aprobada, por el voto de los Estados del norte estrictamente, en el Congreso. Fue rechazada en el senado por la resistencia denodada de los Sureños con el auxilio de algunos (pocos) senadores Norteños conservadores y patrióticos. La admisión del nuevo Estado, sin restricción alguna, se logró finalmente debido a una enmienda que agregó a la ley una sección que prohibía por siempre la esclavitud en la fracción del Territorio de Luisiana que se extendía 36 grados y 30 minutos al norte, salvo Missouri (lo que implicaba dejar la fracción del sur bajo la línea divisoria abierta al asentamiento de ciudadanos con o sin sus esclavos)

Esta disposición, que hacía las veces de compensación por la admisión del nuevo Estado sin restricción alguna, supuso el famoso Compromiso de Missouri. La aceptó de mala gana una mayoría simple de los representantes del Sur. Casi la mitad de los mismos votaron en contra, convencidos de que era inconstitucional, y que Missouri era el único competente para decidir sobre la cuestión, y por propio derecho y no como consecuencia de trapicheo o componenda alguna. Y entre los que pensaban y votaban de acuerdo con esas ideas se hallaban algunos de los políticos más prudentes y más puros patriotas de ese periodo.

Espero que haya bastado este breve recordatorio histórico para mostrar que la cuestión de la moralidad intrínseca de la esclavitud no tuvo parte alguna en las tempranas disputas territoriales. Como tampoco lo tuvo asimismo en las posteriores, en las que el autor de estas líneas desempeñó un cierto papel. Eran, en esencia, disputas por la igualdad o el predominio territorial, por el mantenimiento o la erradicación del equilibrio de poder entre Norte y Sur, que ya de inicio era reconocido como un principio fundamental de nuestro gobierno general. No se sigue que ninguno de los bandos tuviera toda la verdad o que estuviera totalmente equivocado. El investigador bienintencionado deberá decidir quien tenía la razón analizando la evidencia existente. El objeto de estas investigaciones preliminares ha sido eliminar de esta materia la oscuridad arrojada por cuestiones irrelevantes o por el pretendido glamour de seducciones éticas.

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Malet escribió:
Espero que haya bastado este breve

:join:

Qué afición :worthyl:

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 Asunto: Re: Auge y caída del Gobierno Confederado.
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Lo hago con cariño. Como una hormiguita.

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 Asunto: Re: Auge y caída del Gobierno Confederado.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2011 9:36 pm 
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 Asunto: Re: Auge y caída del Gobierno Confederado.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2011 10:04 pm 
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 Asunto: Re: Auge y caída del Gobierno Confederado.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2011 10:08 pm 
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La estética mola Iggy. La ética poco. :cuna:



Citar:
Three hundred thousand Yankees lie stiff in Southern dust
We got three hundred thousand before they conquered us
They died of Southern fever, Southern steel and shot
And I wish it was three million instead of what we got

I can't take up my musket and fight 'em now no more
But I ain't goin' to love 'em now that's certain sure
And I don't want no pardon for what I was and am
And I won't be reconstructed and I don't give a damn

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Ultima edición por Malet el Jue Mar 31, 2011 10:16 pm, editado 2 veces en total

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 Asunto: Re: Auge y caída del Gobierno Confederado.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2011 10:12 pm 
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Ubicación: οὐδὲ ἐροῦσιν Ἰδοὺ ὧδε ἤ Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν
Aunque por otro lado pienso que la esclavitud se hubiera acabado aboliendo en el Sur independiente (es gracioso que Lee, Longstreet y otros muchos grandes generales y aún prohombres del Sur estuvieran personalmente en contra de ella, era cuestión de fuero y de defender su terruño) y los yanquis no serían tan poderosos y no hubieran dado tanto por culo (y lo que les queda :rire: )

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